El péndulo legal no solo afecta a los desahucios de inquilinos vulnerables, también ha movido la balanza en la lucha contra la ocupación ilegal. Supuestamente, a partir de abril de 2025, una nueva reforma permitirá desahucios exprés en casos de usurpación y allanamiento de morada, acelerando los procesos con juicios rápidos. Un cambio que ha dividido a la opinión pública y enfrenta a partidos políticos, propietarios e inquilinos.
La medida busca proteger a los propietarios, especialmente aquellos con viviendas principales y segundas residencias ocupadas ilegalmente. Sin embargo, sus críticos advierten que podría derivar en desalojos sin garantías suficientes para quienes, por necesidad, han recurrido a la ocupación como única alternativa.
La clave de esta reforma es la rapidez: en lugar de procesos largos y burocráticos, los jueces podrán agilizar la recuperación de las viviendas en plazos más cortos. El problema es que aún hay dudas sobre cómo se diferenciará una ocupación por necesidad de una realizada con intenciones delictivas.
Desde Gestión Inmuebles, recomiendan a los propietarios reforzar sus estrategias de protección jurídica y asegurarse de que su vivienda está en regla para evitar sorpresas. Si tienes dudas sobre cómo te afecta este cambio, su equipo puede asesorarte en cada paso.